Para el Banco Mundial, la gobernanza es el proceso a través del cual actores públicos y privados interactúan para diseñar e implementar políticas públicas dentro de un conjunto determinado de reglas formales e informales, que moldean y son moldeadas por el poder (World Bank, 2017). La gobernanza, en términos académicos, se puede definir como “los procesos mediante los cuales se toman decisiones públicas, la movilización de recursos públicos y privados para implementarlas, y la evaluación de sus resultados concretos” (Taylor, 2016).
Estas definiciones ayudan a comprender que el Índice de la Calidad de la Gobernanza Regional mide el complejo contexto institucional y político en el que se desenvuelven las acciones de política pública. La gobernanza describe la interacción estado-sociedad que determina los resultados de las políticas públicas a nivel regional. Por lo tanto, la gobernanza regional incluye una medición del desempeño de todos los órganos del Estado que determinan los resultados de las políticas públicas a nivel regional; a saber, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las administraciones municipales.
Sin embargo, el indicador de gobernanza no solo mide la calidad y efectividad de los distintos órganos del Estado, sino que además evalúa el proceso político en el cual la sociedad civil y las relaciones de poder político y económico juegan un rol fundamental. De esta manera, las instituciones formales, como el gobierno y la sociedad civil organizada, así como las relaciones de poder y las instituciones informales, como las normas sociales, las costumbres o las coaliciones tácitas inciden de manera muy importante en la calidad de la gobernanza.
Para ordenar este complejo contexto que define la gobernanza, en el CEDIT, siguiendo la literatura de las Ciencias Sociales, identificamos cuatro pilares como se ilustra en la Figura 2: la calidad de las burocracias locales; probidad o ausencia de corrupción; el imperio de la ley; y, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Estos pilares demuestran que la buena gobernanza está directamente relacionada con la capacidad de los gobiernos y el proceso político que supone entregar los bienes públicos que la ciudadanía demanda. Por ejemplo, cuando hay corrupción, las políticas públicas pueden fallar porque faltan los recursos o porque estos se destinaron a fines que benefician a algunos, pero no al interés general. Pero también un buen programa público puede fracasar por mala calidad de la burocracia encargada de implementarla. Sin duda, estos pilares son de alguna manera sustitutos, y una buena burocracia puede esconder instancias de corrupción, así como cuando se complementan burocracias incapaces con corrupción, los países o las regiones pueden caer en “trampas de pobreza”. No obstante, una gobernanza de buena calidad requiere la presencia conjunta de los cuatro pilares.
El imperio de la ley es una dimensión de la gobernanza que indica que todas las personas e instituciones, incluyendo al mismo Estado, respetan reglas claras y conocidas y, al ser consistentes con principios universalmente aceptados de justicia y derechos humanos, estas reglas son aceptadas por todos. El imperio de la ley incluye el principio de igualdad ante la ley, el cual al no respetarse erosiona la confianza en las instituciones y la capacidad de combatir la corrupción. Las reglas claras y predecibles permiten a las familias y actores económicos adoptar decisiones y compromisos respecto al futuro, en áreas como la educación, dónde vivir y otras inversiones.
Por último, la participación y rendición de cuentas – accountability – es un pilar fundamental de transparencia. Este permite la colaboración y transmisión de información entre los distintos grupos sociales y las burocracias públicas y faculta la vigilancia de la sociedad civil sobre las instituciones públicas para incentivar el comportamiento probo y eficiente de estas. Por lo tanto, una mala gobernanza implica una mala gestión de los recursos públicos y por tanto que los servicios públicos que la ciudadanía recibe son de una menor calidad dado el nivel de recursos asignados para ellos. Asimismo, una gobernanza de buena calidad está asociada con un uso más efectivo de los recursos públicos y, por lo tanto, con la capacidad de una sociedad de aumentar de manera sostenible el bienestar y el crecimiento de largo plazo.